La Revolución Libertadora, del mito a la historia – Por Jerónimo Giordano

Jerónimo Giordano Área de Estudios Históricos de la Fundación LIBRE

El 16 de septiembre de 1955, una pequeña asonada sucedida en la ciudad de Córdoba, liderada por el veterano oficial del ejército, Eduardo Lonardi, conseguirá, con tenacidad quijotesca y no sin enormes limitaciones materiales, el apoyo de la Armada, la sociedad civil y otros pequeños sectores del Ejército, hasta culminar su derrotero con la renuncia y exilio del presidente Juan Domingo Perón, el 19 de septiembre, tres días después.

“Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”, afirmó Marco Tulio Cicerón, y la Argentina confirmaba la sapiencia del filósofo romano. Poco más de un siglo antes, Justo José de Urquiza sepultaba en la batalla de Caseros el largo despotismo de Juan Manuel de Rosas, quien había logrado forjar una tiranía mediante la suma del poder público, coyuntura que le permitió ahogar todo tipo de disenso, además de concentrar el grueso del erario nacional, disponiendo a discreción de este, premiando adláteres y castigando a los díscolos. Lo cierto fue que 103 años después, el despotismo, que había comenzado a incubarse en 1930, y que florecería en 1943, era derrotado nuevamente por una fuerza de inspiración republicana, la cual repetiría, no casualmente, la misma consigna de 1852: “Ni vencedores, ni vencidos”.

En la actualidad, mediante la hegemonía alcanzada por el revisionismo historiográfico, financiado y difundido en sus medios por el gobierno nacional, sería un caso verdaderamente excepcional escuchar a un historiador de renombre público que analizara objetivamente la revolución cívico-militar ocurrida en 1955, que considere la acuciante coyuntura de tiranía imperante y que posea la honestidad intelectual para clasificar a esta revolución con las de su especie, es decir, con las insurrecciones que se materializaron para salvaguardar los valores republicanos, la constitucionalidad y los derechos individuales, y no por el contrario, de la otra clase indigna de golpes de Estado, ejecutadas para avasallar estos elevados valores.

Es necesario comprender que los dos períodos presidenciales de J.D. Perón significaron el perfeccionamiento último de los métodos que la ideología fascista,infausta boga europea por aquellos años y floreciente tendencia en las fuerzas armadas, venía procurando aplicar desde 1930 (con Uriburu a la cabeza), reafirmada en 1943 y, finalmente, triunfante en 1946, cuando supo emplear los artilugios del populismo. Fíjese en este periodo el triste hito donde nacerá la policía como herramienta de persecución política y tortura sistemática, los grupos de choque, la intervención a Universidades, censura a medios de prensa, presos políticos y demás características típicas del autoritarismo, que fueron una constante del período, y del resto del siglo.

Ahora bien, para entender la situación es necesario diferenciar los conceptos de gobierno autoritario y gobierno totalitario,ya que aquí reside la diferencia entre las dictaduras de 1930 y 1943 que se desarrollaron como gobiernos autoritarios (a saber, solo exigían obediencia), en disimilitud a las administraciones del Gral. Perón, puesto que, aunque nacidas del sufragio, mediante acciones de hecho o de fraudulento derecho, acumuló la suma del poder público configurándose un totalitarismo de cabo a rabo.

La imputación, a priori, puede sonar exagerada para un gobierno que fue legitimado mediante elecciones universales, pero las dudas pueden despejarse con solo interpelarnos: ¿Es constitucional un gobierno que reforma su Carta Magna ilegalmente? ¿Respeta la pluralidad uno que censura al 90% de la prensa? ¿Es acaso respetuoso de los derechos humanos aquel que cuenta por centenares a sus presos políticos, y además, a muchos de ellos los tortura hasta darles muerte? ¿Es democrático un sistema que priva a los partidos de oposición del acceso a medios masivos de comunicación y hasta disuelve sus actos proselitistas mediante el cruento puño de grupos paramilitares? ¿Se protege e impulsa la educación haciendo del culto a la personalidad el contenido primordial de la currícula escolar? ¿Es justo el régimen que selecciona a dedo antojadizo los magistrados del supremo tribunal?

Difícilmente alguien pueda responder afirmativamente a estos interrogantes, de manera que, en principio, estaríamos todos de acuerdo que el de Perón representaría un régimen totalitario, y, dicho esto, ¿es justo el camino de la desobediencia y la revolución ante situaciones de totalitarismo? ¿Hasta dónde se puede sostenerla legitimidad de un sufragio victorioso que adolece de semejantes condicionamientos a las libertades mínimas? ¿No son acaso las Fuerzas Armadas las que deben garantir la plena vigencia de la Constitución nacional y los derechos individuales que de ésta emana? ¿Y acaso no nos obliga ella misma a armarnos en su defensa?

Con estas interrogantes el debate está abierto, debiendo dispensársele de pasiones e intereses utilitarios para poder llegar, aunque sea, a coincidir en los hechos, que son sagrados e incontrastables; las opiniones, por el contrario, son libres y sano es el disenso.

El camino hacia un análisis histórico serio tiene un solo óbice que lo aflige y son los políticos (más sus intelectuales necesarios), que confundieron la frase del historiador francés, Jules Michelet cuando enunciaba que “es imposible hacer política sin historia”, con la idea de que en Argentina es imposible hacer política sin el peronismo.

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