La Cuestión Mapuche: Insurgencia, Beligerancia… ¿Y después? – Por Diego García Montaño

Por el diario La Voz del Interior de fecha 11 de septiembre, hemos tomado conocimiento de que el juez que interviene en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, no pudo realizar un rastrillaje en la zona donde fue visto por última vez, debido a que los habitantes del lugar, miembros que pertenecerían a los RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) no le permitieron cumplir con su cometido.

En un fallido y lamentable intento por  aclarar los hechos, el juez Federal con asiento en Esquel, Guido Otranto, manifestó que no pudo realizar su cometido, porque: “estaban enojados  por la orden de desalojar la ruta, y tuvimos que retirarnos”, para añadir  que no pudo ingresar ya que: “no había posibilidad de imponerse físicamente”.

Este funcionario judicial ya fue denunciado y tiene un pedido de destitución, por haber liberado en el año 2016, sin causa aparente para ello, al líder de los RAM, Jones Huala.

Más allá de toda interpretación política que se le quiera dar a estos sucesos, lo grave, lo que verdaderamente resulta preocupante, es que un juez Federal, que tiene el deber de asegurar el monopolio de la coacción física legítima sobre las personas, no quiso o no pudo hacer cumplir con la ley. Es decir, el Código Penal “Argentino”, no se aplica a todos los habitantes de la misma manera.

Por otra parte, y sin hacer un análisis exhaustivo de la discusión de fondo, este grupo que se autoproclama como “pueblo originario”, viene reclamando de manera violenta una porción inmensa del territorio argentino y parte del chileno, bajo el pretexto de que ellos tendrían derechos ancestrales, anteriores a la conformación del Estado argentino.

Insistimos: el hecho de que un juez Federal no haya podido cumplir con su función en una parte del territorio argentino, habla a las claras de que estamos en presencia de un grupo que por ahora, podríamos tildar de insurgente.

Para el derecho Internacional, se configura una situación de insurgencia cuando existe un grupo sublevado contra la autoridad nacional; que opera dentro del territorio del Estado; y, finalmente; que pretende un cambio de gobierno a través de medios violentos. Deduzca el lector cuántos parámetros de los señalados, se dan en el caso que nos ocupa.

Por su parte la beligerancia, que es una fase superior de la insurgencia, tiene las siguientes características: estructura organizada que ejerce un poder efectivo sobre un territorio; una “autoridad de facto” cuyas órdenes acata el grupo; aceptación y sometimiento a las normas de derecho internacional; prolongación en el tiempo de las hostilidades con el gobierno central, a los efectos de que terceros Estados se expidan sobre la situación.

Este último punto, es el que provoca mayores problemas al gobierno central, ya que el movimiento beligerante puede ser reconocido por otros Estados, y en ese caso, la “comunidad beligerante” podría ser considerada como sujeto internacional, separado del Estado en el cual se encuentran enclavados.

La República Argentina, lamentablemente, no ha sido ajena a intentos similares por parte de grupos terroristas. En la década del 70 del siglo pasado, el ERP procuró, sin éxito, declarar a una parte de Tucumán como zona liberada.

Resulta conveniente recordar, para que se vea que no somos subjetivos en nuestras apreciaciones, que durante el gobierno de Isabel Perón (posteriormente Luder) se firmaron en el año 1975, los decretos del P.E. 261/2770/2771y 2772, por los cuales se debía proceder a neutralizar y/o a aniquilar el accionar subversivo, primero en Tucumán y luego en todo el país.

Para mayor abundancia documental, recuérdese que dos años después de terminado el último gobierno de facto, en 1985 la Cámara que condenó a la las Juntas Militares reconoció que el objetivo último de los grupos guerrilleros, fue la toma del poder político. La claridad de los conceptos vertidos por los magistrados, nos exime de mayores comentarios.

Nuestros argumentos podrían parecer un poco alarmistas para el momento actual en que vive en la Argentina. Por el contrario, pensamos que si tal como se dice, el grupo RAM tiene su sede en Bristol, Gran Bretaña, ¿Por qué no ser mal pensados y considerar la posibilidad que sea, precisamente, el Reino Unido quien reconozca internacionalmente a este grupo insurgente, como sujeto internacional? ¿Y si siguiéramos siendo mal pensados y creyésemos que dicho reconocimiento les sería útil para la cuestión de las Malvinas?…

Pretenden un territorio, tienen bandera y cartografía propia, actúan con violencia e impunidad, no reconocen a las autoridades argentinas. Con todos estos antecedentes, ¿no será hora para que las autoridades constituidas de nuestro país tomen cartas en el asunto de manera inmediata?

Al día de hoy, los RAM son un grupo insurrecto y no han llegado todavía a constituirse en una comunidad beligerante; pero el riesgo que implicaría si llegaran a conseguir el reconocimiento internacional de algún tercer Estado, es evidente.

Ayer fueron los intentos del ERP y de otros grupos terroristas, ¿por qué no pensar que hoy podríamos estar en presencia de los prolegómenos de actos similares por parte de los  RAM? Está en manos del Gobierno Nacional, el demostrar voluntad política de aplicar todo el peso de la ley contra los revoltosos, sean del signo que sean, mientras actúen dentro de nuestro territorio patrio.

Los RAM se nutren y financian a manos de la  izquierda internacional y las organizaciones que la apoyan, y aunque el marxismo como ideología, aparentemente, desapareció en la década del 90 del siglo pasado, no hay que subestimar su capacidad de reinventarse ya que, oxímoron mediante, el marxismo es “el fracaso más exitoso” de toda la historia.

 

Diego García Montaño

Profesor de Derecho Internacional Público y de Derecho Político UNC

Egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa (CHDS) National Defense University – Washington D.C.

diegogmont@yahoo.com.ar

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