Cosa juzgada – Por Jerónimo Giordano

Jerónimo Giordano
Fundación LIBRE

Aunque el grueso de la sociedad argentina acaba de conocer al pueblo mapuche por ocasión del raid mediático que causó el ataque con bombas molotov a la casa de Chubut en Buenos Aires, perpetrado por la organización terrorista RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), el nacimiento del relato indigenista reconstruido e imbuido de nociones marxistas comenzó a gestarse en 1992 con los espacios académicos y mediáticos brindados por el aniversario número 500 de la conquista de América. Con la caída estrepitosa del bloque comunista, la teoría marxista comenzó a sufrir un cambio para adaptarse a los nuevos tiempos donde el bienestar económico alcanzado por las masas había prácticamente borrado de un plumazo el conflicto de clases(al menos en la manera en que el marxismo los planteaba), de manera que ahora los conflictos debían ser fundamentalmente superestructurales (de índole cultural) y el sujeto histórico dejaría de ser el obrero para cederle su lugar a una multiplicidad de nuevos actores. Con este norte sus intelectuales hicieron proliferar y divulgar una nueva historia de los pueblos indígenas americanos donde redundan las generalizaciones, ocultamientos y falacias porque, claro, el objetivo es construir un relato configurador de conflicto y para ser útil a los fines predichos, debe estar dispensado de toda verdad incómoda. Si bien este es el fondo de la cuestión, dejaremos lo importante por lo urgente que significa el reclamo mapuche y que sencillamente está viciado por dos hechos político-jurídicos asentados en los denominados parlamentos.

Han corrido ríos de tinta en este último mes, los cuales acertadamente han afirmado que el pueblo araucano (o reche como se autodenominaban) es oriundo del valle central chileno, específicamente entre los ríos Itata y el Toltén, donde se habrían convertido en sedentarios después de siglos de existencia nómada aquende los andes, como también sobre el fenómeno de la araucanización, hecho histórico que significó, desde el siglo XVII al XIX, la invasión, aculturación y matanza de las poblaciones que se asentaban en la actual Patagonia argentina, donde fueron claves para la victoria militar la incorporación del caballo, tácticas militares y las armas asimiladas a los españoles que fortalecieron el poder de una cultura espartana desde sus orígenes. Asimismo otro argumento histórico-político que quizá no alcanzó difusión con el mismo énfasis, fue que una vez araucanizada la Patagonia septentrional, el pueblo reche continuó su derrotero militar con constantes malones a poblaciones limítrofes argentinas saqueando ganado y secuestrando mujeres, incendiando poblaciones enteras y, como si fuera, poco siempre condimentado con algo de sanguinaria tortura. Estas escaramuzas que se contaban por centenares al año y que se triplicaban aprovechando emergencias eventuales,como la guerra del Paraguay,  configuran lo que el DDII denomina cassus belli, lo cual significa simplemente motivo justo para declaración de guerra, a lo que el Estado argentino luego de un siglo de constantes agresiones accederá en la Campaña del desierto.

Todos estos argumentos son válidos de cabo a rabo, pero han quedado limitados a una visión que se atuvo a lo regional, desconociendo que el reclamo reche es inválido de este lado por razones histórico-políticas pero que también lo es allende, generadas por motivos jurídico-políticos, plasmados a lo largo de la relación diplomáticaentre el pueblo araucano y España-Chile en los acuerdos diplomáticos orales denominados parlamentos.

El primero de ellos, en tiempos de la conquista española, fue el de Picaví en 1605 (en plena guerra de Arauco) donde las autoridades araucanas aceptaban la autoridad del Rey de España,fundamentalmente, en lo que hacía a tributarle moderadamente a su tesoro, prohibir el ingreso de navíos o agentes enemigos como también combatirlos bajo su bandera, e inclusive recibir y acatar a jueces y autoridades enviadas para aplicar la ley de España en la Araucanía, configurándose jurídicamente por propia voluntad, en pueblo vasallo de la corona española y por supuesto recibiendo generosas compensaciones materiales a cambio.

Se sucederán decenas de estos acuerdos que irán profundizando aún más la voluntad de vasallaje ante la corona y ya en 1825, con Chile independiente, se realzará el trascendental parlamento de Tapihue en el cual el cacique Francisco Mariluán, en nombre de todos los caciques araucanos, aceptó la extensión de Chile, sus leyes y soberanía desde Atacama hasta los confines de Chiloé y, por consecuencia, los araucanos quedaban “sujetos a las mismas obligaciones que los chilenos y a las leyes que dictase el congreso”, finalizando el Lonco la concesión al grito de “¡Viva la paz!¡Viva la patria!¡Viva la Unión!”. En efecto, se había unido el pueblo araucano a la República de Chile por motus propio, renunciando a privilegios y aceptando las leyes al nivel de cualquier ciudadano chileno.

Sería interesante dejar en el tintero la discusión sobre la legitimidad de los reclamos “originarios” y los escasos fundamentos de los que adolece junto a lo difuso de definir qué pueblo lo es en determinada geografía y cuál no.A modo de ejemplo, ¿qué sucede si descendientes de tribus ibéricas reclamaran a Roma por haberlos invadido y éstos a los visigodos y éstos a los moros y éstos a los castellanos?

La discusión es inmensa y los argumentos esgrimidos por el indigenismo son cuando menos flojos, pero por lo pronto, en lo que atañe al conflicto “mapuche”, podemos afirmar que ya fue extinguido por motus de sus propios querellantes hace casi dos siglos.

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