Chocobar, progresismo y política de (in)seguridad – Por Fabrizio Alba

En los medios de comunicación se está dando una discusión respecto al caso del oficial de policía Luis Oscar Chocobar quien en diciembre, en persecución de un delincuente que acabada de dar 10 puñaladas mortales a un turista norteamericano en un barrio de Buenos Aires y que no obedecía a la orden de detenerse, efectuó dos disparos de bala al asaltante provocando su muerte días más tarde.

Pero lo que inicialmente condujo al debate fue que el juez Enrique Velázquez decidió embargar al oficial de policía por una suma de 400 mil pesos y, a su vez, procesarlo por el delito de homicidio en exceso de legítima defensa.

Ante esta situación, se presentan dos posturas: quienes apoyaban el accionar del oficial de policía y, aquellos que apoyaban la decisión del juez de castigar al oficial por su accionar, este último grupo compuesto principalmente por el sector de izquierda y progresista.

Los mismos, nuevamente acudieron a la política de victimización manifestando que era un caso de más de abuso policial (“gatillo fácil”), en el que se actuó en contra de los derechos del asaltante y se criminaliza la pobreza. Básicamente, el policía violó los derechos humanos del delincuente que acababa de apuñalar en la cara, el cuello y el corazón al turista para robarle su cámara de fotografía y, por lo tanto, el oficial debe ser castigado.

A su vez, también recurrieron a frases como “el delincuente es una víctima de la sociedad y la pobreza”, es decir, que en realidad el conjunto de la sociedad es el culpable y victimario por la situación de pobreza en la que se encontraba el asaltante y, este, es la verdadera víctima de la situación. Esto no sólo convierte al delincuente en víctima y al turista en victimario, sino que también tergiversa el concepto de pobreza con el de delincuencia, convirtiéndolas casi en sinónimas o, a la segunda como una consecuencia inherente de la primera.

Pero mucho más llamativo fue que el foco de la discusión se encontraba principalmente en el actuar de la policía, y no en el delito que había cometido el delincuente abatido. Increíblemente se debatía respecto a los derechos del asaltante y no en el del turista fatalmente apuñalado.

Al parecer, para el progresismo la Ley no está para proteger los derechos del ciudadano común, sino para proteger y beneficiar a los que la infringen, independientemente de la brutalidad del accionar de este.

La izquierda en ningún momento se puso a pensar en el peligro que significaba si ese delincuente hubiese logrado darse a la fuga. Si sin remordimiento fue capaz de dar 10 puñaladas y herir de muerte por dos cámaras, ¿qué hubiese estado dispuesto a hacer por algo de más valor?

Si justamente la fuerza de seguridad, que se dedican a combatir el delito, garantizar el cumplimiento de la Ley y protección, son juzgados y castigados por brindar seguridad, ¿qué pasará con el ciudadano, los trabajadores y los que respetan y cumplen la Ley?

Esta concepción progresista de seguridad, es brutalmente tóxica para una sociedad. Muy lejos de lo que creen, su ideología provoca una situación de inseguridad y de barbarie, en el que el delincuente es protegido por la Ley y el ciudadano queda desprotegido.

En términos de seguridad ciudadana, no existe un punto intermedio. Se está a favor del orden, del respeto de la Ley, del prójimo y la protección de la sociedad del quien delinque, o se está del lado de la ausencia de autoridad y del delincuente.

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