Los problemas jurídico-morales del aborto legal y gratuito – Por Ángel Rodrigo Trucco

En repetidas ocasiones, al discutir sobre el proyecto de despenalización del aborto, hemos escuchado el argumento “progresista” y “conciliador” de aquellas personas que afirman que no realizarían un aborto pero creen que debe ser legal para que la mujer decida libremente. Éste razonamiento peca de una simpleza, mediocridad y negligencia muy peligrosa. Las razones jurídico-axiológicas que se van a presentar a continuación pretender demostrar la importancia de que el Estado no relativice el derecho humano de la vida:

En primer lugar, legalizar el aborto con el simple fundamento de que “seguirá ocurriendo” significaría- desde la lupa de la teoría tridimensional del derecho- reducir el derecho a su faceta sociológica (hechos) e ignorar por completo la faceta axiológica (moral), que no debe ser absoluta pero tampoco dejada de lado, y menos respecto a los derechos humanos fundamentales (en éste caso la vida). Si reducimos el derecho a lo sociológico, el individuo queda expuesto a lo que dicte la mayoría en un momento dado y a la voluntad de la clase política, que es lo mismo que ocurrió en la Alemania nacional-socialista (recordemos que Hitler tenía gran apoyo popular y todo lo que hizo era “legal”). Otro punto afectado es la faceta normativa, debido a la incoherencia jurídica que traería la relativización del derecho a la vida en nuestro ordenamiento, ya que es un bien jurídico expresamente tutelado en el Código Penal, el Código Civil y Comercial, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la ley 23.849 que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, ambos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional. El espíritu mismo de nuestra Carta Magna también reconoce a la vida como la piedra angular de todo bien jurídico, dado que está basada en los principios del liberalismo clásico, el cual defiende tres derechos: La vida, la libertad y la propiedad privada. Al decir de Mayo Von Höltz ”…ser liberal y estar a favor del aborto es una contradicción en términos, siendo que la defensa del derecho a la vida es la principal causa del liberalismo, anterior incluso al derecho a la libertad y a la propiedad privada, ya que tales derechos ulteriores sólo pueden recaer en el ser humano vivo, un muerto perdió inexorablemente su libertad y sus propiedades…”.

En segundo lugar, es pertinente analizar si la aprobación del aborto legal y gratuito contribuiría o no a un ordenamiento jurídico más justo. El concepto de “justicia” es una de las aristas principales de la filosofía del derecho, en la actualidad existe un cierto consenso sobre la definición que da Ulpiano al respecto: “La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”. Las diferencias comienzan a aparecer al momento de determinar cuál es “su derecho”: la justicia se predica en relación a un derecho preexistente, porque tal predicación implica dar o no a alguien su derecho; por lo tanto, el derecho positivo (escrito) será justo o injusto en relación a un derecho preexistente, el natural. En este sentido, es conocida la fórmula de Gustav Radbruch -usada por el Tribunal Alemán en el juicio a los guardianes del Muro de Berlín- que reza: “el derecho extremadamente injusto no es derecho”. La fórmula indica que siempre debe aplicarse el derecho positivo, pero cuando el derecho positivo es extremadamente injusto no se puede aplicar porque es un error jurídico o un “falso derecho”. Lógicamente surge la duda sobre cuándo el derecho se convierte en extremadamente injusto, la respuesta la da Robert Alexy: “el umbral hacia la extrema injusticia se cruza cuando se violan los derechos humanos”. Al ser el principal derecho humano la vida, la legalización del aborto transformaría a nuestro ordenamiento en injusto. No sólo nuestro derecho sería injusto sino que también nuestro sistema de gobierno entero se vería desvirtuado, dado que la razón de ser del Estado no es otra que la protección de las vidas y las propiedades de las personas que habitan su territorio.

En último lugar, cabe hacer un análisis sobre los problemas del proyecto de ley de despenalización del aborto en relación a los principios propios del derecho penal; en concreto, el de considerar al sistema penal como una herramienta de tutela de bienes jurídicos. La vida comienza desde la concepción, ésto es un hecho innegable desde el punto de vista científico y filosófico, desde el momento en que se forma el embrión comienza un continuo desarrollo en el que esa persona- pertenece a la especie humana, es absurdo pensar que mientras nos desarrollamos pasamos de una especie a otra- se desarrollará primeramente dentro del cuerpo de la madre, como así también luego del nacimiento. Aunque la realidad nos diga ésto, el artículo 16 del proyecto contiene una modificación al art. 85 del derecho penal, la cual dicta despenalizar el aborto que se realice antes de las 14 semanas de gestación, es decir, una verdadera violación al deber de “no dañar a otro” y al bien jurídico de la vida que, como ya se dijo, está tutelado en el ordenamiento jurídico entero.

En conclusión, el abandono de la defensa de la vida desde la concepción como bien jurídico por parte del Estado constituye una contradicción con los fines del derecho y del derecho penal en particular, como así también con los fines del Estado mismo. Asesinar a un inocente siempre será un acto inmoral e inhumano, por más de que se apruebe a través de una ley que lleve por nombre “interrupción voluntaria del embarazo” o que ciertos constitucionalistas funcionales al relativismo moral y jurídico como Ricardo Gil Lavedra se expresen a favor de ésta medida. Ante ésta situación, queda a la gente racional y con valores  claros la responsabilidad de defender los derechos que tenemos por el sólo hecho de ser personas frente a un grupo de asesinos que bajo falacias científicas y morales y discursos románticos de tono épico pretenden arrebatárnoslos.

 

*Ángel Rodrigo Trucco es Estudiante de Derecho por la Universidad Nacional del Litoral.

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